Por primera vez, Tlaxcala es el estado con menor número de delitos por cada 100 mil habitantes
Por primera vez en la historia, Tlaxcala se encuentra en la posición 32 con el menor número de delitos por cada 100 mil habitantes al registrar 224 carpetas de investigación, lo que equivale a una tasa de 15.5 ilícitos, de acuerdo con el reporte de marzo de 2025 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), como resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Después de la firma del convenio de Colaboración para la Atención y Vigilancia de las Sucursales de los Bancos de Bienestar en la entidad, la mandataria estatal refrendó el compromiso de su administración de seguir invirtiendo en materia de seguridad.
Cabe destacar que Tlaxcala es el estado que más ha invertido en seguridad de todo el país: 8 mil millones de pesos que, para el estado con menos presupuesto, es un recurso bastante considerable.
Estos resultados fueron reconocidos por el director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, quien agradeció el apoyo de Cuéllar Cisneros para reforzar la seguridad en las 74 sucursales de este banco.
El secretario técnico de la Mesa de Paz, Fernando Nicolás Cuapio Cuapio, detalló que la entidad conserva una tendencia a la baja con la menor incidencia delictiva en el país; durante el primer trimestre 2025, periodo en el que registraron 718 carpetas de investigación y, por primera vez en la historia, Tlaxcala ocupa el lugar 32 en delitos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras del mes de marzo.
Estos resultados se alinean de la tendencia a la baja en materia delictiva a nivel nacional, con la puesta en marcha del programa “Atención a las Causas” de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y, en Tlaxcala, se han realizado en ocho municipios las Jornadas Municipales por la Paz con la participación de 12 mil 900 personas.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo planteó la estrategia integral para la disminución y prevención de venta y consumo de sustancias ilegales en instituciones educativas, en coordinación con las secretarías de Educación y Salud, así como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), la Fiscalía General de Justicia, los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
